Aepla ha abogado por la implantación de una agencia para el registro (tal como se ha realizado en otros países) proponiendo, además, varias medidas que mejoren determinadas áreas mientras se toman decisiones de mayor calado. Hay que reconocer que no hemos tenido éxito hasta el momento, pero hay que seguir en esta tarea. La petición de agilización del registro de fitosanitarios no es ya una demanda de la industria sino de todos los que tienen que ver con la producción agrícola: organizaciones agrarias, Comunidades Autónomas, etc.

Esta demanda se debe a una concienciación, cada vez más extendida de que se está comprometiendo la competitividad de la agricultura española, frente a agricultores de otros países. España es un reconocido líder europeo y mundial en la producción y exportación de frutas y hortalizas y la aportación del sector agroalimentario en su conjunto representa el 17% del PIB, siendo el sector hortofrutícola el contribuyente de más del 5,5% de la balanza comercial española.

El futuro nos depara nuevos desafíos: crecimiento de la producción alimentaria para responder al crecimiento demográfico mundial y al aumento del consumo de alimentos, producción de biocarburantes, adaptación al cambio climático, dinamización y creación de empleo en el medio rural, todos ellos objetivos oficiales de la UE y de la FAO. A todo ello habría que sumarle los objetivos de la nueva estrategia de Lisboa (Europa 2020) y los objetivos comunitarios de una “mejor legislación”, con compromisos europeos de simplificación administrativa del 25% (del 30% es el objetivo español). A todos ellos contribuye un sistema ágil de autorización de fitosanitarios, que lleve cuanto antes los productos fruto de la innovación a las manos del agricultor, ofreciendo a los fabricantes de éstos un panorama medianamente previsible para poder invertir en este sector pepelu.

La racionalización institucional que solicitamos (y que Francia, Reino Unido y Austria ya han llevado a cabo) implica, más que un coste a la administración, una reorganización de recursos y una mejora de la eficiencia. Sin ir más lejos, el Instituto Químico de Sarria (IQS) de Barcelona ha mostrado recientemente que el coste de un sistema de autorización vetusto como el actual es muy superior a uno nuevo, moderno y eficiente y que tendría efectos multiplicadores para el sector agrario español. 

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